¿Qué viene para el sistema de Salud ahora que se estancó la reforma del Gobierno y que el decreto 0858 fue suspendido por el Consejo de Estado?

La suspensión del decreto que intentaba implementar por vía administrativa el modelo preventivo y predictivo del Gobierno, y el nuevo aplazamiento del debate de la reforma en el Congreso, dejan al sistema de salud en un escenario de incertidumbre total. Expertos advierten que, sin una hoja de ruta ni diálogo real, el país se encamina hacia un colapso progresivo de la atención.

El sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más inciertos de su historia reciente. Con el proyecto de reforma del Gobierno empantanado de nuevo en la Comisión Séptima del Senado y el Decreto 0858 de 2025 suspendido por el Consejo de Estado, el país se quedó sin brújula en materia sanitaria. La promesa de un modelo “preventivo, predictivo y resolutivo” se ha detenido entre los límites de la legalidad, la falta de consensos políticos y una crisis financiera que amenaza con llevar al colapso la prestación de los servicios.

El escenario, según los expertos, combina parálisis institucional, desgaste político y deterioro operativo. Mientras el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defienden el modelo de atención primaria como una “transformación necesaria y vital”, el Congreso han señalado que su implementación puede generar más problemas que soluciones. Lo que queda hoy es un sistema atascado entre dos caminos: uno, jurídicamente suspendido; el otro, políticamente bloqueado.

La semana cerró con un nuevo revés legislativo. En la Comisión Séptima del Senado, la reforma de la salud volvió a quedar en punto muerto luego de aprobarse una proposición de la senadora conservadora Nadia Blel, que pidió suspender el debate hasta tanto se defina la fuente de financiamiento para el próximo año. La razón: los recursos de 2026 están condicionados a la aprobación de una ley de financiamiento —la reforma tributaria— aún sin respaldo político.

La proposición, que contó con apoyo mayoritario, plantea que “no se discuta ni se vote el proyecto de reforma hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables y comprobables”. En otras palabras, la suerte de la salud quedó atada al futuro de la tributaria. Si esta no pasa, la reforma sanitaria tampoco podrá avanzar.

El mensaje fue claro: no hay aval fiscal, no hay debate. Para la senadora Blel, es una decisión “responsable” que evita comprometer al Congreso en un gasto sin soporte. Pero para el ministro Jaramillo, la decisión fue una muestra de “inoperancia legislativa”. Desde su rol de ministro delegatario de las funciones presidenciales, calificó a la comisión de “inoperante” y acusó a los congresistas de “manejar la salud como directorios políticos”.

Y aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, intentó revertir el aplazamiento con un mensaje de urgencia, el presidente de la Comisión Séptima fue tajante: no habrá discusión hasta que se conozca el destino de la ley de financiamiento. Así, la reforma, que lleva meses de dilaciones y carece de votos suficientes para aprobar cualquiera de sus tres ponencias, quedó de nuevo varada.

El freno en el Congreso coincidió con un segundo golpe para el Gobierno, esta vez judicial. La Sección Primera del Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del Decreto 0858 de 2025, expedido por el Gobierno para poner en marcha su modelo de salud territorial sin necesidad de ley.

En consecuencia, el Consejo de Estado congeló el modelo preventivo y resolutivo que el Gobierno buscaba aplicar mediante resoluciones y actos administrativos. El fallo, aunque provisional, paraliza toda la estrategia sanitaria del Ejecutivo y frena lo que la oposición calificó como una “reforma por decreto”.

Pero para los expertos, el problema es más de fondo. El decreto no solo alteraba la arquitectura del sistema, sino que generaba un vacío jurídico y operativo. La exviceministra de Salud Diana Cárdenas había advertido que la norma “se extralimita en sus órdenes” y creaba una inseguridad jurídica para EPS e IPS.

El médico salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, considera que el fallo del Consejo de Estado fue un “freno institucional necesario”, pero advierte que sus efectos profundizan la crisis del sistema. “La suspensión no solo detiene la aplicación del decreto, sino que deja en el aire las resoluciones y actos administrativos que lo desarrollaban, generando una profunda incertidumbre institucional y operativa en todo el sector”, explica.

Esa incertidumbre, dice Hernández, se suma a una crisis financiera que ya es insostenible. El déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el volumen de deudas entre el Estado, las EPS (ocho de ellas intervenidas y controladas por el gobierno) y las IPS, y la presión fiscal del régimen subsidiado conforman una tormenta perfecta. “El sistema se mantiene en el modelo actual, pero con la sostenibilidad financiera en su punto más frágil y sin una hoja de ruta clara”, advierte.

Para el académico, la consecuencia será un deterioro progresivo en la atención. “Se va a presentar paulatinamente un colapso en los servicios de salud por esta crisis provocada por el mismo Gobierno para forzar su reforma”, sentencia.

Su lectura coincide en parte con la del exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, quien también alerta sobre el deterioro del sistema si el Ejecutivo persiste en su estrategia de imposición. “Si el Gobierno no cambia su visión y abre un diálogo, y tampoco financia adecuadamente la UPC ni cumple con el mandato de la Corte Constitucional, lo que va a continuar es un deterioro del sistema, un incremento en las barreras de acceso y más dificultades para los pacientes”, señala.

Galán cita como ejemplo el caso del sistema de salud del magisterio, que atraviesa una crisis de atención tras su reorganización reciente. “Eso es lo que muy posiblemente puede ir sucediendo en el próximo tiempo si se mantiene la misma lógica”, advierte.

Con la reforma legislativa detenida y el decreto suspendido, el sistema de salud colombiano se encuentra en un vacío de conducción. Ni el Congreso ni el Ejecutivo tienen una estrategia viable a corto plazo. Mientras tanto, los problemas de fondo —falta de medicamentos, crisis hospitalaria, déficit financiero y desconfianza ciudadana— siguen en aumento.

Las EPS continúan operando bajo presión, muchas con intervención estatal o en riesgo de insolvencia. Las IPS denuncian retrasos en los pagos. Y en las regiones, especialmente en las zonas rurales y periféricas, los pacientes enfrentan mayores barreras para acceder a consultas, cirugías y tratamientos especializados.

Hernández y Galán coinciden en que el único camino viable es el diálogo. “La verdadera salida pasa por recuperar la confianza, financiar adecuadamente la UPC y construir una reforma desde el consenso y la evidencia técnica, no desde la imposición política”, concluye Hernández.

Por ahora, el sistema de salud sigue a la deriva. Entre la parálisis legislativa y la suspensión judicial, la promesa de una atención más humana y preventiva se ha quedado en los discursos. Mientras tanto, hospitales, médicos y pacientes enfrentan el mismo laberinto de siempre: un sistema sin dirección, con menos recursos y con más incertidumbre que nunca.

Periodista de Medioambiente y Salud