Los trabajadores de las clínicas de salud repasan las protecciones constitucionales mientras se avecinan redadas de inmigración

El vestíbulo de esta clínica de salud comunitaria de St. John's en el sur de Los Ángeles está repleto de pacientes. Pero la trabajadora de salud comunitaria Ana Ruth Varela está preocupada porque está a punto de volverse mucho más silencioso. Muchos pacientes, dijo, tienen miedo de salir de sus casas.

“El otro día hablé con una de las pacientes. Me dijo: ‘No sé. ¿Debo ir a mi cita? ¿Debo cancelarla? No sé qué hacer’. Y yo le dije: ‘Venga’”.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el temor a las deportaciones masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se ha apoderado de las comunidades inmigrantes.

Durante años, una política de larga data impidió que los agentes federales de inmigración hicieran arrestos en lugares sensibles o cerca de ellos, como escuelas, lugares de culto, hospitales y centros de salud. Fue una de las primeras políticas que Trump derogó en enero, apenas horas después de su investidura.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, revocó la directiva el 21 de enero. En un comunicado de prensa adjunto, un portavoz del DHS dijo que la medida ayudaría a los agentes a buscar inmigrantes que hayan cometido delitos. “La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, decía el comunicado .

La velocidad del cambio tomó a Darryn Harris por sorpresa.

"Pensé que teníamos más tiempo", dijo Harris, director de asuntos gubernamentales y relaciones comunitarias de St. John's.

Harris está trabajando duro para enseñar a más de 1.000 trabajadores de St. John's a leer órdenes judiciales mientras se capacitan para un nuevo rol: enseñar a los pacientes sus derechos constitucionales.

El fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata, está aconsejando a las clínicas que publiquen información sobre el derecho de los pacientes a permanecer en silencio y que proporcionen a los pacientes información de contacto de grupos de asistencia legal.

Bonta también insta a los proveedores de atención médica a evitar incluir el estatus migratorio de los pacientes en las facturas y los registros médicos. Su oficina indica que, si bien el personal no debe obstruir físicamente a los agentes de inmigración, no tienen la obligación de ayudar con un arresto .

Si bien durante el primer mandato de Trump se realizaron arrestos por inmigración en hospitales, la política general seguía siendo de deferencia hacia “lugares sensibles”. Sin embargo, ahora el DHS afirma que las reglas anteriores obstaculizaban los esfuerzos de aplicación de la ley al crear sitios donde las personas sin estatus legal podían evadir la captura.

Matt Lopas , director de defensa estatal y asistencia técnica del Centro Nacional de Leyes de Inmigración , dijo que para que los oficiales de inmigración puedan acceder a información de salud o ingresar a espacios privados como salas de examen, deben presentar una orden firmada por un juez.

“Es increíblemente importante que cada centro de atención médica tenga a alguien capacitado para poder leer esas órdenes judiciales” y determinar su validez, dijo Lopas.

En el Área de la Bahía de San Francisco, Zenaida Aguilera ha sido designada para leer órdenes judiciales para La Clínica de La Raza . Ella es la oficial de cumplimiento, privacidad y riesgo de la red de clínicas. Si los agentes de inmigración se presentan, ella está de guardia para las 31 clínicas comunitarias de la organización.

Aguilera también está a cargo de la capacitación de cientos de trabajadores de la salud. Hasta ahora ha capacitado a unos 250, pero la mayor parte de ese trabajo aún está por realizarse.

“Tenemos probablemente unos mil empleados más”, dijo.

Teme que la administración Trump ponga en la mira a California en materia de control de inmigración debido a que tiene aproximadamente 2 millones de residentes sin estatus legal, la cifra más alta de cualquier estado, según el Pew Research Center. En 2022, 11 millones de personas estaban en Estados Unidos sin autorización.

Aguilera dijo que La Clínica planea publicar los derechos constitucionales de los pacientes en los vestíbulos de las clínicas y proporcionará recursos como información de contacto para grupos de ayuda legal.

“Nos gustaría simplemente hacer el trabajo de cuidar a nuestros pacientes en lugar de capacitar a nuestro personal sobre qué hacer si un funcionario de ICE intenta ingresar a nuestras clínicas”, dijo Aguilera.

Este artículo es de una asociación que incluye a NPR y KFF Health News .