Todo lo que deben saber usuarios de Sanitas tras fallo de Corte Constitucional que tumbó intervención del Gobierno

La Corte Constitucional de Colombia anuló la decisión de la Superintendencia de Salud (Supersalud) que había ordenado, corregido y prorrogado la intervención del Gobierno sobre la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, del grupo de origen español Keralty, y sus bienes.

Esto quiere decir que dejó sin efecto dos resoluciones: la primera, en la que la Supersalud "ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. por el término de un año, así como la intervención forzosa para ejercer la administración de dicha EPS" y la segunda, una resolución de abril de este año, "mediante la cual se prorrogó dicha medida de intervención por un año".

Estos son los puntos claves de lo que pasó en esta disputa y lo que va a pasar con los millones de usuarios de esta EPS tras la reciente decisión del alto tribunal.

El 2 de abril de 2024, el Gobierno Nacional informó que iba a intervenir la EPS Sanitas. Según dijo la Superintendencia de Salud en su momento, esto fue motivado por múltiples razones, entre las que se encontraba el no cumplimiento de la habilitación financiera, deudas, sumado a la cantidad de peticiones, quejas y reclamos que presentan los usuarios.

"Las deudas que presenta esta EPS con los prestadores de servicios venían incrementando y para el año pasado, a corte de diciembre, cerraron con $2 billones de pesos, lo que claramente afecta la prestación de los servicios de salud", indicó el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal en su declaración a través de la página de Facebook de la Presidencia de la República.

Un año después, en abril de este año, la Supersalud prorrogó la intervención administrativa a la EPS Sanitas, según la entidad gubernamental porque persistían "los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios".

En 2024, tras la primera resolución, Keralty anunció que tomaría varias acciones jurídicas para intentar reversar la decisión. Entre ellas, una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y tutelas.

“Nosotros, además de la acción penal, tenemos previstas acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa que en este momento todavía no podemos activar por unos temas de procedimiento. Nos quedan acciones constitucionales como, por ejemplo, acciones de tutela y desde el punto de vista internacional también tenemos algunas acciones en desarrollo como comunicar esta situación al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como a la Relatoría del Derecho a la Salud de la ONU", dijo en su momento el abogado de Keralty, Juan David Riveros, a EL TIEMPO.

Y agregó: "Además, los inversionistas extranjeros que hacen parte del grupo han anunciado a través de una carta al Ministerio de Comercio Exterior que tienen la intención de formalmente notificar una disputa en el marco de los tratados de protección interna recíproca de inversión que sean aplicables”.

Sin embargo, meses después, se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá había negado la tutela.

El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, recurrió en enero de este año (2025) a "instancias internacionales" para solucionar esa disputa que, según afirmó, afectaba su situación financiera y la prestación de sus servicios.

Los accionistas del grupo Keralty señalaron que las medidas tomadas por el Gobierno "constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores y la sociedad colombiana en general".

Por esa razón, y ante las dificultades para llegar a una "resolución amistosa" de la disputa, el grupo empresarial —que en abril de 2024 ya había presentado una denuncia penal contra el entonces superintendente de salud colombiano, Luis Carlos Leal, por la intervención del Gobierno en Sanitas— llevó el caso a la esfera internacional.

Keralty no dio detalles de esta demanda, pero trascendió que los accionistas la presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que la intervención vulneraba el acuerdo para la protección recíproca de inversiones existente entre España y Colombia.

Por esa razón, los accionistas de Keralty, que son Centauro Capital (61 %) y Natanor XXI (39 %), reclaman al Estado colombiano 1.200 millones de dólares.

Y agregó: "las decisiones administrativas, financieras y estratégicas que durante más de un año estuvieron bajo la supervisión directa de la Superintendencia Nacional de Salud vuelven a estar en manos de la propia EPS".

El abogado del grupo Keralty, Juan David Riveros, dijo en una rueda de prensa este 27 de junio que la decisión de la Corte Constitucional no es un "final, sino un inicio".

Y agregó que tienen "el compromiso inquebrantable de tratar de salir adelante y por ese camino encontrar un plan de choque para tratar en la medida de nuestras posibilidades de recomponer la operatividad de la EPS, como ha sido siempre la finalidad de este grupo, privilegiando a los pacientes, a los usuarios, a colaboradores, a nuestra red de prestadores, a los proveedores, pero pidiéndoles a todos un compromiso, de acompañarlos, de tener un poco más de paciencia y resiliencia frente a lo que ha sido un acto totalmente, arbitrario ilegal y discriminatorio con nosotros".

El abogado de la empresa dijo que van a seguir participando en el sistema de salud del país de "manera propositiva". Sin embargo, exigen reparación integral, verdad y responsabilidades.

Además, en un reciente comunicado, el grupo señaló que trabajarán para reconstruir EPS Sanitas. "Será una ardua tarea. Lo haremos con dolor, pero también con convicción. No nos mueve el resentimiento. Nos mueve el amor a la vida, a la salud y a Colombia", dice el comunicado.

La empresa agregó que "hoy empieza una nueva etapa. No será fácil recomponer los graves perjuicios y daños generados por una errática e injusta intervención, con un impacto negativo en la salud de los colombianos. Desde Keralty y EPS Sanitas, pondremos todos nuestros esfuerzos para enfrentar la situación con dignidad, con ciencia, con compasión y con coraje. Insistimos en la necesaria reordenación y cumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones y compromisos inmediatos para abordar este complejo proceso".

"Sin embargo, lo que hoy, para muchos, debiera ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, para nosotros es un día de duelo (...) Porque esto no fue un error, fue una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el Estado Colombiano ejecutó", dijo el grupo en el comunicado.

Y afirmaron que hoy recibieron "una empresa devastada", comprometida financieramente, con servicios deteriorados, redes fragmentadas y "equipos humanos heridos en lo más profundo de su vocación".

"No queremos venganza. Pero sí exigimos reparación integral, verdad y responsabilidades. Y lo diremos con toda claridad: continuaremos las acciones relevantes contra el Estado colombiano, y los autores intelectuales y operativos de este despropósito tendrán que rendir cuentas ante los tribunales nacionales e internacionales", finalizó la empresa en el comunicado.