Sanitas: ¿Qué viene para el sector salud y las demás EPS intervenidas luego de fallo de la Corte Constitucional?

La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de revocar la intervención administrativa que la Superintendencia Nacional de Salud había impuesto sobre la EPS Sanitas, marca un antecedente importante para el futuro del sector, en especial para las demás entidades que actualmente se encuentran intervenidas.

Así lo expresaron a EL TIEMPO varios expertos y analistas del sector salud, luego de conocer la decisión del Alto Tribunal. Y es que, aseguran, cuando la Corte tomó la decisión de dejar sin efecto las resoluciones con las que se intervino a Sanitas por afectar el debido proceso, se abrió un nuevo debate jurídico acerca de la responsabilidad que debe tener el Gobierno, y en particular la Superintendencia de Salud, en lo que dicen es un deterioro de las aseguradoras.

Así lo expresó el ex superintendente de Salud, Conrado Gómez: “Desde el año pasado que el Gobierno empezó a hacer estas intervenciones, lo hizo con una vocación que no está acorde con la naturaleza misma de esta figura. No lo hizo de manera transitoria para recuperar estas entidades, sino para administrarlas. Es un cambio muy importante que jurídicamente sí va a dejar un gran impacto en el sector, ya que se abre la discusión sobre la responsabilidad jurídica que esto genera, por ejemplo, en la Superintendencia de Salud. Es un tema que va a tener un eco muy grande en las otras EPS intervenidas que seguramente buscarán tomar acciones judiciales, muchas ya las hicieron”.

Para el experto, lo que ocurre con las EPS intervenidas es una mala ejecución de la figura de intervención: “En una intervención la Superintendencia no administra sino que pone a un interventor autónomo al que vigila. Pero esa separación que es tan sutil se va rompiendo en la medida que se hacen esas intervenciones durante un tiempo tan prolongado y en donde inevitablemente lo que hay es un manejo político, sin solucionar los problemas estructurales del sistema”.

De hecho, este viernes, durante una rueda de prensa, Juan David Riveros, abogado apoderado de Keralty, dio a conocer que seguirán las acciones legales por parte de la empresa española, tras señalar que Sanitas quedó “devastada” y con un “daño moral, institucional, financiero y humano”.

“Exijamos de las autoridades judiciales la asignación de las responsabilidades individuales de quienes han sido los causantes de lo que en este caso ha ocurrido y la afectación que no sólo nosotros como empresa, sino nuestros pacientes y nuestros usuarios han tenido que padecer como consecuencia de esta situación”, dijo Riveros.

Y agregó: “No descansaremos de acudir a las instancias judiciales cuando sean necesarias. Si hay desacato o se presentan algunas otras manifestaciones que configuren posiblemente comportamientos delictivos, acudiremos a la justicia”.

Por su parte, la abogada especialista en derecho laboral y seguridad social, Natalia Jaimes, sostiene que la decisión implica también que empieza por parte del Gobierno un mayor escrutinio a las acciones de Sanitas ahora que Keralty recupera el control de esta EPS: “La Corte le da una nueva oportunidad, pero también una carga: demostrar que puede operar con compromiso con los millones de usuarios que dependen de ella”.

Deterioro de las EPS

Para el exministro de Salud, Augusto Galán Sarmiento, se prevén acciones legales para responsabilizar por lo que Sanitas llama “un deterioro de los indicadores”.

Recientemente, un informe del observatorio Así Vamos en Salud reveló que Sanitas pasó de tener en el primer trimestre de 2024 un patrimonio positivo de 21.000 millones de pesos a tener en el mismo periodo de 2025 un patrimonio negativo de 1,1 billones de pesos, lo que representa una variación del 5.702 por ciento.

El mismo informe sostiene que las EPS bajo medida de intervención por parte del Gobierno (sin contar a Nueva EPS que no ha reportado sus indicadores) acumulan un patrimonio negativo de 10 billones de pesos.

Para los investigadores, hay mayor equilibrio financiero en las EPS que no están intervenidas, sino que pese a las intervenciones, las aseguradoras continúan acumulando importantes pérdidas, dado que hace un año su déficit presupuestal fue de $ 5,7 billones.