Expertos dudan de la consulta popular para reformar el sistema de salud y dicen que no ataca el problema de fondo

El Gobierno del presidente Gustavo Petro volverá a intentar sacar adelante su consulta popular, pero ahora incluirá cuatro preguntas enfocadas en el sistema de salud. En total, serán 16 los interrogantes que serán llevados al Congreso para que se apruebe la iniciativa que se traduciría en un proceso electoral, para que sean los colombianos los que decidan si aprueban o no resolver dichos interrogantes.

Entre las preguntas planteadas por el Gobierno están: ¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes?; y ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la Adres pague directamente a hospitales y clínicas?

Además, el Gobierno también plantea dos interrogantes más, que son: ¿Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?; y ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y salarios justos?

Sin embargo, las nuevas preguntas planteadas por el Gobierno han generado polémica. Esto, debido a que, según expertos, los cuestionamientos no tienen justificación, pues desde lo jurídico, y bajo la normatividad vigente en el país, el Gobierno podría hacer los cambios que plantean las preguntas. De hecho, en algunos casos, dichos cambios ya se están haciendo.

De hecho, para algunos de los expertos consultados por este diario, la pregunta del Gobierno tiene el mismo sentido que si se preguntara a las personas que si desean salir de la pobreza gracias a las políticas públicas y acciones del Estado; en vez de aplicar un plan para enfrentar la pobreza con las herramientas que hay hoy disponibles.

En ese sentido, para los analistas la inclusión de estos nuevos apartados es más un cálculo político que una búsqueda de soluciones ante la crisis que actualmente atraviesa el sistema de salud y que ha llevado al cierre de miles de camas hospitalarias, el aumento en los tiempos de entrega de medicamentos y el incremento en el gasto de bolsillo por parte de los pacientes.

Además, señala que el gobierno ya ha demostrado ineficiencia en compras centralizadas de vacunas y medicamentos para enfermedades como la tuberculosis y el VIH, que no entrega oportunamente. Por ello, califica estas propuestas como “netamente populistas”.

De acuerdo con Silva, el Gobierno no busca solucionar la crisis del sistema de salud, donde los pacientes son las víctimas. Y también acusa al Gobierno de no querer “financiar de manera suficiente el sistema de salud para justificar la reforma”, y de no tener “ninguna voluntad política para resolver la crisis”.

Una visión similar tiene el exministro de Salud y director del Observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán. Para él, las preguntas son innecesarias y solo “dilatan la solución a la crisis humanitaria que está enfrentando hoy los usuarios y pacientes”.

Galán asegura que lo que busca el Gobierno es “evadir esa responsabilidad de solucionar lo inmediato, lo coyuntural y lo grave que está sucediendo en el sistema de salud por esas decisiones erradas”. Además, señala que muchas de las preguntas contenidas en la consulta pueden resolverse con la normativa legal vigente, sin necesidad de una consulta popular.

Para él, es claro que el Gobierno ya cuenta con la normatividad para proceder en la mayoría de los temas y que con el actual proyecto de decreto que está trabajando el Ministerio de Salud para reformar el sistema ya se estaría generando varios de los cambios que proponen las preguntas, lo que además implica “estatizar” el sistema de salud.

Finalmente, el médico y Ph.D. en Políticas y Salud Pública, Ramón Abel Castaño, fue enfático en señalar que muchos de estos temas son altamente técnicos, lo que impide que la población general pueda tener una discusión de fondo sobre lo que en realidad se estaría votando.

“Lo único que está haciendo el Gobierno es generar unas preguntas en un lenguaje que suene atractivo para el pueblo en general para luego salir a decir que están salvando al pueblo. Es una intención puramente populista. No me cabe la menor duda porque todos esos cambios se pueden hacer dentro del marco legal del sistema”, destacó Castaño.

Periodista de Medioambiente y Salud