California enfrenta barreras al querer frenar redadas del ICE en entornos de salud

En los últimos meses, agentes federales han acampado en el vestíbulo de un hospital del sur de California, custodiado a pacientes detenidos —algunos de ellos esposados— en habitaciones de hospital y perseguido a un jardinero inmigrante hasta dentro de un centro quirúrgico.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también se han presentado en clínicas comunitarias.

Proveedores de salud dicen que intentaron entrar en un estacionamiento donde había una clínica móvil, apuntaron a las caras de médicos que atendían a personas sin hogar y detuvieron a un transeúnte, subiéndolo a un auto sin identificación, frente a un centro comunitario de salud.

En respuesta a estas actividades de control migratorio alrededor de clínicas y hospitales, el gobernador demócrata Gavin Newsom promulgó el mes pasado la ley SB 81, que prohíbe a los centros médicos permitir el acceso de agentes federales a áreas privadas, incluidos los lugares donde los pacientes reciben tratamiento o hablan sobre temas de salud, sin una orden judicial o de registro válidas.

Si bien el proyecto de ley recibió un amplio apoyo de grupos médicos, trabajadores de salud y defensores de los derechos de los inmigrantes, expertos legales afirman que California no puede impedir que las autoridades federales realicen sus funciones en lugares públicos, como vestíbulos y salas de espera de hospitales, estacionamientos de centros de salud y vecindarios aledaños: lugares donde las recientes actividades del ICE han generado indignación y temor.

En enero, la administración Trump revocó las restricciones federales previas sobre la aplicación de las leyes de inmigración en o cerca de áreas sensibles, incluidos los establecimientos de salud.

“El problema que enfrentan los estados es la cláusula de supremacía”, dijo la abogada Sophia Genovese, profesora en la Facultad de Leyes de Georgetown. Explicó que el gobierno federal tiene derecho a realizar actividades de control migratorio y que existen límites a lo que el estado puede hacer para impedirlas.

La ley de California designa el estatus migratorio y el lugar de nacimiento de un paciente como información protegida, la cual, al igual que los expedientes médicos, no puede divulgarse a las autoridades sin una orden judicial.

Además, requiere que los centros de salud establezcan procedimientos claros para gestionar los pedidos de las autoridades de inmigración, incluyendo la capacitación del personal para notificar de inmediato a un administrador designado o a un asesor legal si los agentes intentan entrar a un área privada o revisar los expedientes de los pacientes.

Otros estados gobernados por demócratas han promulgado leyes para proteger a los pacientes en hospitales y centros de salud.

En mayo, el gobernador de Colorado, Jared Polis, promulgó la Protect Civil Rights Immigration Status, que penaliza a los hospitales por compartir sin autorización información sobre personas que se encuentran en el país de manera irregular y prohíbe a los agentes del ICE ingresar a áreas privadas de los centros de salud sin una orden judicial.

En junio, entró en vigencia en Maryland una ley que exige al fiscal general crear directrices para mantener al ICE fuera de los centros de salud. Nuevo México ha implementado nuevas protecciones para los datos de pacientes, y Rhode Island ha prohibido a los establecimientos de salud preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio.

Los estados gobernados por republicanos se han alineado con los esfuerzos federales para evitar que se gaste en atención médica de inmigrantes sin papeles.

Estos inmigrantes no son elegibles para la cobertura integral de Medicaid, pero los estados sí facturan al gobierno federal por la atención de emergencia en ciertos casos. Bajo una ley que entró en vigencia en 2023, Florida exige que los hospitales que aceptan Medicaid pregunten sobre el estatus migratorio del paciente. En Texas, los hospitales ahora deben informar cuánto gastan en la atención de inmigrantes indocumentados.

“Los texanos no deberían tener que asumir el costo de la atención médica de los inmigrantes ilegales”, declaró el gobernador Greg Abbott al emitir su orden ejecutiva el año pasado.

Los esfuerzos de California por limitar la aplicación de la ley federal se producen en un momento en que el estado, donde más de una cuarta parte de los residentes han nacido en el extranjero, se ha convertido en blanco de la represión migratoria del presidente Donald Trump.

Newsom promulgó la SB 81 como parte de un paquete de leyes que prohíbe a los agentes de inmigración entrar en las escuelas sin una orden judicial, exige que los agentes se identifiquen y prohíbe el uso de máscaras. La SB 81 se aprobó con una votación partidista sin oposición formal.

“No somos Corea del Norte”, expresó Newsom durante una ceremonia de firma de leyes en septiembre. “Estamos rechazando estas tendencias y acciones autoritarias de esta administración”.

Algunos partidarios del proyecto de ley y expertos legales afirmaron que la ley de California puede impedir que el ICE viole los derechos de privacidad de los pacientes ya existentes.

Entre estos derechos se incluye la Cuarta Enmienda, que prohíbe los registros sin orden judicial en lugares donde las personas tienen una expectativa razonable de privacidad. Las órdenes judiciales válidas deben ser emitidas por un tribunal y firmadas por un juez. Sin embargo, con frecuencia los agentes del ICE utilizan órdenes administrativas para intentar acceder a áreas privadas para las que no tienen autoridad, dijo Genovese.

“La gente no siempre entiende la diferencia entre una orden administrativa, que es un simple documento, y una orden judicial, que es ejecutable”, dijo Genovese. Añadió que las órdenes judiciales rara vez se emiten en casos de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que no acatará la prohibición del uso de máscaras ni los requisitos de identificación para los agentes del orden público en California, calificándolos de inconstitucionales. El departamento no respondió a la solicitud de comentarios sobre las nuevas normas estatales para centros de salud, que entraron en vigencia de inmediato.

Tanya Broder, asesora principal del National Immigration Law Center, afirmó que las detenciones de inmigrantes en centros de salud parecen ser relativamente raras. Sin embargo, la decisión federal de revocar las protecciones en torno a áreas sensibles, dijo, “ha generado temor e incertidumbre en todo el país”.

Muchos de los informes periodísticos más destacados sobre agentes de inmigración en centros de salud ocurrieron en California, principalmente en relación con pacientes detenidos que habían sido trasladados a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

La California Nurses Association, el sindicato de enfermeras más grande del estado, copatrocinó el proyecto de ley y expresó su preocupación por el trato que recibió Milagro Solis-Portillo, una salvadoreña de 36 años que estuvo bajo vigilancia constante del ICE en el Hospital Glendale Memorial durante el verano.

Los líderes sindicales también condenaron la presencia de agentes en el California Hospital Medical Center, al sur del centro de Los Ángeles. Según Anne Caputo-Pearl, enfermera de parto y representante sindical principal del hospital, los agentes llevaron a una paciente el 21 de octubre y permanecieron en su habitación durante casi una semana. El diario Los Angeles Times informó que a Carlitos Ricardo Parias, creador de contenido de TikTok, lo llevaron al hospital ese mismo día tras resultar herido durante un operativo de control migratorio en el sur de Los Ángeles.

La presencia del ICE intimidó tanto a enfermeras como a pacientes, aseguró Caputo-Pearl, y motivó restricciones de visitas en el hospital. “Queremos una explicación más clara”, dijo. “¿Por qué se permite que estos agentes estén en la habitación?”.

Sin embargo, representantes de hospitales y clínicas dijeron que ya cumplen con los requisitos de la ley, los cuales refuerzan en gran medida las extensas directrices publicadas por el fiscal general del estado, Rob Bonta, en diciembre.

Las clínicas comunitarias a lo largo del condado de Los Ángeles, que atienden a más de dos millones de pacientes al año, incluyendo una gran proporción de inmigrantes, han estado implementando las directrices del fiscal general durante meses, según dijo Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles.

Agregó que la ley debería ayudar a garantizar estándares unificados en todos los establecimientos de salud a los que las clínicas derivan pacientes y brindarles la tranquilidad de que hay procedimientos para protegerlos.

Aun así, no se puede evitar que se produzcan redadas migratorias en la comunidad, lo que ha provocado que algunos pacientes e incluso trabajadores de salud teman salir a la calle, señaló McCarthy. Se han producido algunos incidentes cerca de clínicas, incluyendo el arresto de un transeúnte frente a una clínica en el este de Los Ángeles, que un guardia de seguridad grabó en video, contó.

“Hemos escuchado a personal de las clínicas preguntar: ‘¿Es seguro para mí salir?'”, dijo.

En St. John’s Community Health, una red de 24 centros de salud comunitarios y cinco clínicas móviles en el sur de Los Ángeles y el Inland Empire, el director ejecutivo Jim Mangia coincidió en que la nueva ley no puede prevenir toda la actividad de control migratorio, pero afirmó que sí les brinda a las clínicas una herramienta para defenderse si se presentan agentes, algo que su personal ya ha tenido que hacer.

Mangia dijo que el personal de St. John’s tuvo dos encuentros con agentes de inmigración durante el verano. En uno de ellos, impidió que agentes armados ingresaran a un estacionamiento con rejas en un centro de rehabilitación de adicciones donde médicos y enfermeras atendían a pacientes en una clínica móvil.

Otro incidente ocurrió en julio, cuando agentes de inmigración llegaron a MacArthur Park a caballo y en vehículos blindados, en una demostración de fuerza por parte del gobierno de Trump.

Mangia dijo que agentes enmascarados con equipo táctico completo rodearon una carpa de atención médica callejera donde el personal de St. John’s atendía a personas sin hogar, les gritaron que se fueran y les apuntaron con un arma. Según Mangia, los proveedores quedaron tan conmocionados por el incidente que tuvieron que recurrir a profesionales de salud mental para ayudarlos a sentirse seguros al regresar de nuevo a la calle.

Un vocero del DHS declaró a CalMatters que, en raras ocasiones, cuando los agentes entran a ciertos lugares sensibles, los oficiales necesitan la aprobación de un supervisor secundario.

Desde entonces, St. John’s ha intensificado sus esfuerzos para brindar apoyo y capacitación al personal y ha ofrecido a los pacientes con miedo a salir la opción de visitas médicas a domicilio y entrega de alimentos. Los temores de los pacientes y la actividad del ICE han disminuido desde el verano, afirmó Mangia, pero con el DHS planeando contratar a 10.000 agentes adicionales, duda que esta situación se mantenga.