El Tribunal considera ilegal la negativa a publicar la correspondencia del jefe de la Comisión Europea sobre la adquisición de vacunas

El New York Times informó sobre los mensajes de texto en abril de 2021. Entonces, la jefa de la CE fue acusada de violaciones en la compra de 1.800 millones de dosis de la vacuna anticovid de Pfizer por 35.000 millones de euros: en 2021, Ursula von der Leyen presuntamente cerró un acuerdo para el suministro del fármaco sin el consentimiento de los países de la UE mediante correspondencia SMS con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, antes de que finalizaran los ensayos de la vacuna.

A raíz de esto, el Defensor del Pueblo Europeo inició una investigación y exigió que el acuerdo de "compra anticipada" de vacunas contra el coronavirus se hiciera público. Pero la CE se negó, alegando la protección de los intereses comerciales de las empresas farmacéuticas.

En 2023, The New York Times también pidió ver los mensajes, pero también le fue denegado. Ursula von der Leyen dijo entonces que había "borrado accidentalmente" los mensajes de texto, que no podía encontrarlos y que no contenían ninguna información importante. Los representantes del periódico decidieron recurrir a los tribunales para exigir que la correspondencia se haga pública.

Un tribunal de Luxemburgo ha dictaminado que la UE no debería haber rechazado las solicitudes de mensajes de texto de los periodistas porque el contrato en cuestión implicaba el contrato de un alto funcionario que contenía información sobre el acceso a una vacuna contra la COVID-19.

"La Comisión no puede simplemente afirmar que no tiene los documentos solicitados, sino que debe proporcionar una explicación creíble que permita al público y al tribunal comprender por qué no se pueden encontrar esos documentos", dijo el tribunal en su fallo. Sin embargo, dice el documento, la CE no pudo “explicar de manera plausible” por qué consideró que los mensajes directamente relacionados con cuestiones importantes de salud pública eran insignificantes.

La sentencia del tribunal aún no ha entrado en vigor y la Comisión Europea podría recurrirla. Ya se han pronunciado sobre la situación, afirmando que pronto tomarán “una nueva decisión que contenga una explicación más detallada”.

Lea más sobre el caso de Ursula von der Leyen en la reseña del Vademécum.